Cuando un juez de un tribunal federal de apelaciones declara que las boletas por correo son una “amenaza para la democracia”, no se trata solo de una opinión polémica: es una señal de alarma. El miércoles, el conservador Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito anuló la decisión de un tribunal inferior que había bloqueado partes clave de la amplia ley de supresión de votantes de Texas, la SB 1. Al hacerlo, el tribunal no solo dio luz verde a barreras que perjudican de forma desproporcionada a votantes con discapacidad, personas mayores y comunidades marginadas, sino que también asumió una narrativa profundamente preocupante: que ampliar el acceso al voto es, de algún modo, peligroso para nuestro sistema político.

Para cualquiera que se preocupe por los derechos civiles, la justicia para las personas con discapacidad y una democracia multirracial, esta decisión es una luz roja intermitente. Muestra hasta dónde están dispuestos a llegar algunos jueces, en particular quienes fueron nombrados por Donald Trump, para redefinir la “democracia” como algo que debe protegerse de las mismas personas a las que se supone que debe servir.

—

Contexto: Qué hace la SB 1 y a quién perjudica

La SB 1 de Texas, aprobada en 2021, forma parte de una ola de leyes posteriores a las elecciones de 2020 impulsadas por republicanos bajo el lema de la “integridad electoral”. En la práctica, es un conjunto de restricciones diseñadas para dificultar el voto, especialmente para quienes ya enfrentan obstáculos para llegar a las urnas.

Entre los elementos clave de la SB 1 se incluyen:

– Reglas más estrictas para el voto por correo: Requisitos de identificación más rígidos, nueva documentación y normas técnicas que pueden llevar a que se rechacen boletas por errores menores.
– Límites a la asistencia a votantes: La ley hace más arriesgado y complicado ayudar a otras personas a votar, especialmente a personas mayores, votantes con discapacidad y quienes tienen un dominio limitado del inglés.
– Penalizaciones penales e intimidación: La SB 1 añade nuevas sanciones penales por errores de trabajadores electorales y personas que asisten a votantes, generando un efecto disuasorio.
– Restricciones a innovaciones locales: En la práctica prohíbe medidas como el voto desde el automóvil (drive-through) y la votación 24 horas que el condado de Harris (Houston) utilizó en 2020 para ampliar el acceso durante la pandemia.

Defensores de los derechos de las personas con discapacidad y organizaciones de derechos civiles impugnaron la SB 1, argumentando que sus límites a la asistencia para votar violan leyes federales sobre discapacidad, incluida la Ley de Derecho al Voto (Voting Rights Act) y la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA). Un tribunal inferior les dio la razón, bloqueó algunas disposiciones de la ley y determinó que imponían cargas ilegales a votantes con discapacidad que necesitan ayuda para marcar su boleta o para navegar el proceso de votación.

La decisión del Quinto Circuito revoca esa protección y restablece las reglas más duras. En el proceso, un juez nombrado por Trump presentó el voto por correo y la ampliación de la asistencia no como herramientas de inclusión, sino como amenazas a la democracia misma.

—

Lo que indica la decisión del Quinto Circuito

El reportaje de Mother Jones pone de relieve algo más grande que un solo caso: una ideología judicial en crecimiento que trata el acceso al voto como algo inherentemente sospechoso.

Varios puntos clave sobresalen:

1. Redefinir la “democracia” como algo excluyente
Al calificar las boletas por correo como una amenaza para la democracia, el juez invierte el sentido tradicional. Históricamente, democracia significa participación amplia: que las personas tengan una oportunidad real de votar sin importar su nivel de ingresos, su salud, su raza o el lugar donde viven. Esta decisión sugiere que la democracia debe “protegerse” de una participación excesiva, especialmente cuando esa participación se da a través de métodos preferidos por comunidades marginadas.

2. Minimizar los derechos de las personas con discapacidad
El tribunal inferior reconoció que las restricciones de la SB 1 a la asistencia no son neutrales: afectan con más fuerza a votantes con discapacidad. Muchas personas con discapacidad dependen de familiares, cuidadores o voluntarios comunitarios para ayudarles a leer, marcar o entregar sus boletas. Cuando la ley criminaliza o complica esa ayuda, en la práctica les niega el derecho al voto. La revocación del Quinto Circuito indica que el acceso de las personas con discapacidad queda subordinado a una visión estrecha y partidista de la “integridad electoral”.

3. Priorizar un fraude hipotético sobre daños reales
No hay pruebas creíbles de que el voto por correo o la asistencia a votantes generen un fraude generalizado. Estudio tras estudio, incluso investigaciones en estados de tendencia conservadora, muestran que el fraude es raro y suele detectarse. En cambio, el daño de las leyes restrictivas está documentado: mayores tasas de rechazo de boletas por correo, menor participación de votantes con discapacidad y personas mayores, y confusión y miedo entre quienes quieren ayudar a otros a votar. El tribunal está priorizando riesgos hipotéticos por encima de derechos concretos.

4. Profundizar la reacción posterior a 2020
Tras las elecciones de 2020, con una participación histórica impulsada por el voto por correo, la votación anticipada y medidas excepcionales por la pandemia, legisladores republicanos se apresuraron a cerrar esas puertas. La SB 1 forma parte de esa reacción. La decisión del Quinto Circuito es otro paso para legitimar la idea de que una alta participación, especialmente mediante métodos flexibles de votación, es sospechosa si beneficia a un electorado multirracial.

—

Un análisis progresista: lo que realmente está en juego

Desde una perspectiva progresista, este caso no trata solo de Texas ni de la retórica de un juez. Se trata de si aceptamos una democracia cada vez más reducida y controlada o si luchamos por una democracia amplia e inclusiva.

1. Democracia vs. gobierno de una minoría

Estados Unidos ya está inclinado hacia el gobierno de una minoría: el Colegio Electoral, la estructura del Senado, el gerrymandering partidista y la supresión de votantes permiten que una minoría de electores ejerza un poder desproporcionado. Leyes como la SB 1 profundizan ese desequilibrio al elevar selectivamente las barreras para votantes que tienden a apoyar a candidatos progresistas: jóvenes, personas de color, votantes con discapacidad y comunidades de bajos ingresos.

Cuando los tribunales avalan esas barreras, no actúan como árbitros neutrales. Se convierten en participantes activos en la configuración de un sistema político en el que el poder queda blindado frente a la rendición de cuentas pública.

2. La justicia para las personas con discapacidad es justicia democrática

Los derechos de las personas con discapacidad son centrales para cualquier visión seria de la democracia. Si el voto solo es accesible para quienes pueden hacer largas filas, conducir por su cuenta, leer letra pequeña y manejar trámites complejos, millones de personas quedan, en la práctica, excluidas.

Las restricciones de la SB 1 a la asistencia envían un mensaje: si no puedes votar de manera independiente bajo condiciones altamente controladas, tu participación es sospechosa. Eso es capacitista en su esencia. Trata la necesidad de ayuda como un factor de riesgo en lugar de reconocerla como parte de la diversidad humana.

La política progresista, en su mejor versión, sostiene que la democracia debe adaptarse a las personas, no al revés. Eso significa adoptar tecnologías de apoyo, métodos flexibles de votación y protecciones legales que garanticen a los votantes con discapacidad el mismo acceso práctico que a cualquier otra persona.

3. La narrativa del “fraude” como herramienta de control

La narrativa del fraude se ha convertido en una especie de navaja suiza para políticas antidemocráticas. Se invoca para justificar leyes de identificación de votantes, recortes a la votación anticipada, depuración de padrones electorales y ahora restricciones al voto por correo y a la asistencia. Sin embargo, las pruebas no respaldan las afirmaciones alarmistas.

Lo que sí hace esta narrativa es proporcionar una coartada moral para políticas que apuntan a grupos específicos. Si logras presentar a esos grupos —votantes urbanos, votantes negros y latinos, personas inmigrantes, votantes con discapacidad— como la fuente del “riesgo”, puedes justificar que se les dificulte votar y aun así afirmar que eres “prodemocracia”.

La respuesta progresista debe ser clara: las verdaderas amenazas a la democracia provienen de restringir la participación, difundir desinformación y socavar la confianza en las elecciones, no de facilitar que la gente emita su voto.

—

Por qué esto importa para la justicia social y los valores progresistas

Esta decisión importa porque el voto es el derecho que abre la puerta a todos los demás. Cuando controlas quién vota, controlas quién puede influir en todas las demás políticas: salud, clima, vivienda, trabajo, justicia penal y derechos de las personas con discapacidad.

Desde una perspectiva de justicia social:

– Profundiza la desigualdad: Las personas con más tiempo, dinero y movilidad seguirán votando. Quienes compaginan varios trabajos, responsabilidades de cuidado, problemas de salud o transporte inaccesible serán desplazados.
– Debilita los movimientos por la justicia racial y de discapacidad: Las comunidades que más han luchado por el acceso al voto —organizaciones negras, latinas, indígenas y de personas con discapacidad— son blanco directo de las restricciones de la SB 1.
– Normaliza una visión excluyente de la democracia: Si los tribunales aceptan la idea de que facilitar el voto es peligroso, entonces toda reforma futura —registro automático, ampliación de la votación anticipada, voto universal por correo— podrá atacarse como una “amenaza”.

Los valores progresistas se centran en la dignidad, la igualdad y el poder compartido. Una democracia que califica las boletas por correo como una amenaza es una democracia que se aleja de esos valores y se acerca a un sistema en el que la participación es condicionada, vigilada y controlada.

—

Qué puedes hacer y cómo mantenerte informado

Aunque las decisiones judiciales puedan parecer lejanas y abstractas, son el resultado de decisiones políticas, y pueden cambiarse mediante acción política.

Estas son algunas acciones concretas que la gente puede tomar:

1. Apoyar a organizaciones locales y nacionales por los derechos de voto
Grupos como la ACLU, el Fondo de Defensa Legal de la NAACP, Disability Rights Texas y organizaciones nacionales de defensa de las personas con discapacidad están en la primera línea de estas luchas. Las donaciones, el voluntariado y difundir su trabajo marcan la diferencia.

2. Respaldar reformas democráticas a nivel estatal
No todos los estados están retrocediendo. Algunos están ampliando el voto por correo, el registro el mismo día y opciones de votación accesibles. Apoya a candidatos e iniciativas en boleta que fortalezcan los derechos de voto y protejan explícitamente el acceso de las personas con discapacidad.

3. Prestar atención al poder judicial
Los tribunales federales, especialmente cortes de apelaciones como el Quinto Circuito, tienen una enorme influencia. Infórmate sobre a quiénes respaldan tus senadores para cargos judiciales. Exige que prioricen jueces con sólidos antecedentes en derechos civiles y democracia.

4. Ayudar a la gente a navegar leyes restrictivas
En estados con leyes como la SB 1, la educación comunitaria es crucial. Comparte información precisa sobre requisitos de identificación, reglas del voto por correo y formas legales de asistir a votantes con discapacidad y personas mayores. La ayuda mutua y la organización de base pueden mitigar parte del daño.

5. Mantenerse informado y compartir historias
Coberturas mediáticas como la de Mother Jones ayudan a sacar a la luz cambios legales que, de otro modo, parecerían técnicos y poco visibles. Lee, comparte y conversa sobre estas historias. Los relatos personales —de votantes con discapacidad, trabajadores electorales y organizadores— son herramientas poderosas para cambiar la opinión pública.

La democracia no se erosiona de golpe. Se va desgastando: una ley, una decisión judicial, una nueva barrera a la vez. Pero también puede reconstruirse de la misma manera: con atención constante, organización y la negativa a aceptar la exclusión como algo normal.

La SB 1 de Texas y el fallo del Quinto Circuito son una advertencia. También son un llamado a la acción para cualquiera que crea que la democracia debe ser amplia, no restrictiva; accesible, no vigilada; y arraigada en las realidades vividas de todas las personas, incluidas aquellas a quienes nuestros sistemas han intentado durante mucho tiempo empujar a los márgenes.

Lee el artículo completo de Mother Jones aquí:
https://www.motherjones.com/politics/2026/08/a-trump-judge-called-mail-in-ballots-a-threat-to-democracy/

Foto de Chris Sansbury en Unsplash