Las corporaciones, no las personas migrantes, son quienes impulsan el fraude en salud — y eso importa
Durante años, políticos conservadores han promovido la idea de que las personas migrantes “fraudulentas” están drenando los recursos públicos, especialmente en programas como Medicare y Medicaid. Esta narrativa se ha utilizado para justificar duras políticas de inmigración, recortes a programas sociales y más vigilancia sobre comunidades ya marginadas.
Pero un nuevo informe de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), destacado por The Intercept, cuenta una historia muy distinta: la inmensa mayoría del fraude en el sistema de salud no la cometen personas migrantes, sino corporaciones y operadores profesionales dentro de la industria sanitaria. El informe ni siquiera menciona a las personas migrantes.
Esto importa porque deja al descubierto una estrategia política central de la derecha en la era Trump (y su influencia persistente hoy): usar mitos sobre las personas migrantes como arma para desviar la atención de los abusos desmedidos del poder corporativo. No se trata solo de números en una hoja de cálculo. Se trata de quién recibe la culpa, quién es castigado y quién es protegido en nuestro sistema de salud y en nuestra democracia.
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Contexto: qué muestra realmente el informe de la OIG
La OIG es el organismo de control interno del HHS, encargado de detectar despilfarro, fraude y abuso en programas federales de salud como Medicare y Medicaid. Sus informes no son columnas de opinión partidistas: son evaluaciones técnicas, basadas en datos, sobre dónde ocurre el fraude y quién es responsable.
Según el análisis difundido por The Intercept:
– La gran mayoría de los casos de fraude en salud involucran a corporaciones, clínicas y proveedores profesionales de servicios sanitarios, no a pacientes individuales, y desde luego no a las personas migrantes como grupo.
– Estos esquemas suelen incluir:
– Sobrefacturación o “upcoding” (cobrar por servicios más caros de los que realmente se prestaron)
– Facturar servicios que nunca se realizaron
– Esquemas de sobornos entre proveedores e intermediarios
– Entidades corporativas que montan empresas fantasma para desviar fondos públicos
– El informe de la OIG se centra en abusos sistémicos perpetrados por actores organizados dentro de la industria de la salud, y no identifica a las personas migrantes como una fuente significativa de fraude.
En otras palabras, el organismo que realmente investiga el fraude está señalando a actores corporativos e institucionales, mientras que funcionarios de la era Trump y sus aliados han estado señalando a las personas migrantes.
Esta brecha entre la retórica y la realidad es el núcleo de la historia.
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Cómo la derecha utiliza el mito del “fraude de inmigrantes”
La estrategia política de la administración Trump se apoyó fuertemente en presentar a las personas migrantes —especialmente a quienes no tienen documentos y a solicitantes de asilo— como amenazas para la seguridad pública, la estabilidad económica y la integridad de los programas públicos. La salud no fue la excepción.
Funcionarios y medios de derecha insistieron una y otra vez en que las personas migrantes:
– “Abusaban” de las salas de urgencias y hospitales públicos
– Accedían ilegalmente a beneficios
– Incurrían en fraudes que justificaban restricciones más duras y mayor vigilancia
Pero las conclusiones de la OIG contradicen directamente ese relato. El informe trata sobre fraude en la atención sanitaria financiada con fondos públicos, y aun así las personas migrantes ni siquiera aparecen mencionadas.
Eso no es casualidad. Es evidencia de que la narrativa del fraude migrante es ante todo una herramienta política, no un reflejo de la realidad. Redirige la ira pública lejos de las corporaciones y hacia personas vulnerables que tienen el menor poder dentro de este sistema.
Desde una perspectiva progresista, esto es un ejemplo clásico de chivo expiatorio: quienes están arriba crean o aprovechan una crisis y luego culpan a comunidades marginadas por las consecuencias.
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Análisis progresista: seguir el dinero, no los mitos
Cuando se deja de lado la retórica y se sigue la evidencia, aparece otra imagen:
1. El fraude en salud está habilitado por la propia estructura del sistema
El fraude en Medicare y Medicaid no ocurre en el vacío. Es posible gracias a:
– Un sistema de facturación complejo que favorece a actores grandes y sofisticados
– La concentración corporativa, que otorga a los grandes grupos un enorme poder y opacidad
– Una supervisión débil y organismos reguladores con pocos recursos, incapaces de seguir el ritmo de los enormes esquemas corporativos
Estas no son las condiciones bajo las cuales personas migrantes individuales —ni siquiera pacientes individuales— podrían desviar sistemáticamente miles de millones de dólares de programas públicos. Este es terreno corporativo.
2. El delito corporativo se trata como un asunto técnico, no como una crisis moral
Cuando las corporaciones cometen fraude, suele presentarse como:
– Un “problema de cumplimiento”
– Un “error de facturación”
– Un “acuerdo” para resolver “presuntas irregularidades”
Aun cuando las empresas pagan multas, rara vez admiten culpabilidad y casi nunca se encarcela a sus ejecutivos. Mientras tanto, las personas pobres —especialmente comunidades negras, latinas y migrantes— enfrentan una fuerte represión policial y prisión por delitos mucho menores.
3. Convertir a las personas migrantes en chivo expiatorio protege el poder corporativo
Al concentrar la ira pública en las personas migrantes, los funcionarios conservadores:
– Desvían la atención del papel de los lobbies corporativos en la construcción de un sistema de salud orientado al lucro
– Evitan debates sobre reformas estructurales como la sanidad universal, una regulación más estricta o la ruptura de monopolios
– Mantienen un statu quo en el que las corporaciones pueden lucrar silenciosamente con dinero público mientras la rabia social se dirige hacia otro lado
4. El verdadero “fraude” es un sistema sanitario diseñado para el lucro, no para el cuidado
El fraude no se limita a la facturación ilegal; también tiene que ver con un sistema que:
– Trata la salud como una mercancía
– Incentiva el volumen y el beneficio por encima de los resultados en la atención
– Permite que actores privados conviertan los programas públicos en fuentes de ingresos
Desde una mirada progresista, este es el escándalo más profundo: hemos diseñado un sistema en el que la extracción corporativa de fondos públicos está normalizada, y luego culpamos a las personas migrantes cuando llega la factura.
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Por qué esto importa para la justicia social y los valores progresistas
Esta historia no trata solo de quién comete fraude; trata de las vidas y la dignidad que están en juego.
1. Cuestiona narrativas racistas y xenófobas
El mito del “fraude migrante” no solo desinforma: sirve para justificar la crueldad:
– Negar atención a personas sin documentos
– Implementar reglas de “carga pública” que castigan a las personas migrantes por usar servicios básicos
– Alimentar el odio y la violencia contra comunidades migrantes
Desenmascarar la verdad sobre el fraude corporativo debilita estas narrativas y abre espacio para una conversación más honesta sobre quién está explotando realmente el sistema.
2. Subraya la necesidad de rendición de cuentas corporativa
Los movimientos progresistas llevan tiempo señalando que:
– El delito corporativo se persigue muy poco
– Las agencias reguladoras tienen pocos recursos y están condicionadas políticamente
– Las multas se tratan a menudo como un costo más del negocio, no como un disuasivo
El informe de la OIG refuerza la necesidad de:
– Fortalecer la acción contra el fraude corporativo
– Responsabilizar personalmente a los ejecutivos
– Excluir a reincidentes de la participación en programas públicos
3. Conecta la justicia sanitaria con la justicia económica
Cada dólar robado a Medicare o Medicaid es un dólar que no se destina a:
– Cobertura de medicamentos
– Servicios de cuidados en el hogar y discapacidad
– Apoyo en salud mental y adicciones
– Hospitales y clínicas rurales
El fraude corporativo profundiza la desigualdad al desviar recursos de quienes más los necesitan hacia los bolsillos de accionistas y ejecutivos.
4. Refuerza el argumento a favor de un sistema sanitario público y universal
Un sistema fragmentado y orientado al lucro es terreno fértil para el fraude. Un sistema universal, financiado públicamente:
– Simplifica la facturación
– Reduce las oportunidades para esquemas corporativos complejos
– Desplaza el foco del beneficio hacia el cuidado
Desde una perspectiva progresista, este es otro dato a favor de Medicare para Todos o modelos universales similares, no solo para ampliar la cobertura, sino para proteger los fondos públicos del abuso corporativo.
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Qué puedes hacer y cómo mantenerte informado
No hace falta ser experto en políticas públicas para cuestionar mitos y apoyar una verdadera rendición de cuentas.
1. Cuestiona la narrativa
Cuando escuches afirmaciones de que las personas migrantes están “drenando” los programas de salud:
– Pide evidencia
– Señala informes de organismos de control como la OIG que destacan el fraude corporativo
– Subraya que los propios datos del gobierno no respaldan esas afirmaciones
2. Apoya a organizaciones que luchan por la justicia sanitaria
Involúcrate o dona a grupos que:
– Defienden la sanidad universal
– Vigilan los abusos corporativos en el sector salud
– Defienden los derechos de las personas migrantes y combaten la xenofobia
Muchas organizaciones locales y nacionales conectan explícitamente estos temas, porque están entrelazados.
3. Exige una mayor rendición de cuentas corporativa
Contacta a tus representantes y exige:
– Más recursos para reguladores y organismos de control como la OIG
– Sanciones más fuertes y responsabilidad penal por fraude corporativo
– Obligaciones de transparencia para las corporaciones sanitarias que reciben fondos públicos
4. Infórmate a través de periodismo independiente
La cobertura dominante a menudo repite consignas políticas sin cuestionarlas. Medios independientes como The Intercept cumplen un papel crucial al:
– Investigar qué dicen realmente los informes gubernamentales
– Conectar las decisiones de política con las realidades cotidianas
– Exponer cómo opera el poder tras bambalinas
Leer y compartir este tipo de investigaciones ayuda a orientar la conversación pública hacia los hechos, no hacia el miedo.
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La disputa sobre quién recibe la culpa por el fraude en salud es, en realidad, una disputa sobre qué vidas se valoran y qué poderes se cuestionan. Cuando se convierte a las personas migrantes en chivo expiatorio mientras las corporaciones desvían silenciosamente miles de millones de programas públicos, no solo es deshonesto: es un ataque directo a la justicia, la igualdad y la democracia.
La política progresista exige mirar más allá de los chivos expiatorios y enfrentar las verdaderas fuentes de abuso en nuestros sistemas. Este informe de la OIG, y la cobertura que lo saca a la luz, nos recuerda que si queremos un sistema sanitario justo y humano, tenemos que exigir cuentas a las corporaciones, no a las personas migrantes.
Lee el artículo original aquí:
https://theintercept.com/2026/07/31/immigrants-healthcare-medicare-fraud-scam/
Foto de Daniel Romero en Unsplash
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